Conflictos relacionados con tierra, territorio y recursos naturales en Bolivia

potosi

Entre enero y marzo de este año se registraron ocho . De estos, cinco son continuación de un conflicto iniciado en períodos previos y solo tres son nuevos.

Los motivos.

Las fuentes de conflictos son diversas, pero la principal está en el ámbito de tierra y territorio, que ocasionó el 62,5 por ciento de las controversias, luego está la problemática minera con el 25 por ciento de conflictos. En tercer lugar está el conflicto por la superficie para el cultivo de coca, con 12,5 por ciento, estipulado en la Ley de la coca.

En la primera quincena de enero, 18 comunidades indígenas anunciaron que iniciarían un juicio al Gobierno por la construcción de las represas de Chepete y El Bala. En marzo el conflicto se mantenía porque la Universidad Mayor de San Andrés se sumó a este contexto anunciando que haría los estudios de impacto ambiental de ambos proyectos. En el mismo mes los indígenas anunciaron que inspeccionarían el territorio de El Chepete para verificar si existe maquinaria desplazada para el diseño final del proyecto.

En la segunda quincena de enero, el Gobierno reconoció en un acto de interpelación legislativa, que existen 40 áreas mineras en el territorio del nevado Illimani, 23 de estas son áreas activas. En el mismo conflicto, la segunda quincena de marzo, los comunarios del municipio de Palca convocaron a un cabildo abierto en defensa de la montaña y contra la explotación de cooperativistas mineros.

Los últimos días de enero se suscitaron dos enfrentamientos entre comunarios y entre estos y loteadores en el Parque Nacional Tunari (PNT), en Cochabamba. La violencia de estos sucesos provocó la muerte de una persona y 15 personas heridas. En marzo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) informó que desde 2016 lleva adelante varios procesos contra avasalladores del PNT.

A finales de enero, dos sectores de mineros, cooperativistas y asociados, se enfrentaron por áreas de trabajo en la mina Asientos, ubicada en Mizque, Cochabamba. 19 cooperativistas fueron encerrados en el interior de la mina. Esto destapó una problemática que afecta a 35 cooperativas mineras en Cochabamba, que tienen conflictos en los límites de sus concesiones.

En la primera quincena de febrero, pobladores de la comunidad Los Tajibos del municipio pandino Santos Mercado, denunciaron los abusos y avasallamientos de súbditos brasileños y peruanas a más de 30 familias bolivianas que habitan en la zona fronteriza.
Según la denuncia, decenas de personas de Perú y Brasil ingresan ilegalmente a territorio boliviano para explotar los recursos naturales y amenazan la vida de los comunarios bolivianos que viven en esos márgenes.

“Los brasileños están invadiendo nuestras tierras tituladas, no nos dejan trabajar, el problema empeoró con la zafra de la castaña, no nos permiten trabajar en nuestra propia tierra, con amenazas de muerte nos obligan para que la castaña les podamos vender a ellos al precio más bajo, 20 reales la lata (43 Bs), pero en otros lugares está 200 bolivianos y no nos dejan salir a otras poblaciones”, denunció la presidenta de Los Tajibos, Rosa Muyavi.

A mediados de febrero, la movilización de los cocaleros de Los Yungas en pos de que se amplíe la superficie de cultivo en la Ley de la coca, se trasladó a La Paz, cercó la plaza Murillo y protagonizó manifestaciones callejeras que fueron reprimidas violentamente por la Policía. El conflicto fue solucionado con un acuerdo que atendía la petición de ese sector, previo a la promulgación de la norma. Pero después de la promulgación hubo una repercusión internacional porque el embajador de la Unión Europea se manifestó en sentido de que tras la puesta en vigencia de esa ley, la UE reenfocaría su ayuda antidroga a Bolivia.

A principios de marzo, indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isibóro Sécure (Tipnis) se declararon en alerta ante la nueva posibilidad de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por medio de ese parque nacional, debido a la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para anular la ley 180 de Intangibilidad con la intención de habilitar la construcción de una “carretera ecológica”. La Ley 180 vetó el camino después del conflicto con el Gobierno.

El ex presidente de la Subcentral Sécure, Emilio Noza afirmó: “En nosotros nunca hubo bajón, se mantiene la resistencia en las comunidades por la defensa del territorio de los pueblos indígenas y la defensa de la Constitución Política del Estado”, afirmó el expresidente de Subcentral Tipnis, Emilio Noza, a tiempo de advertir que hay comunidades que darán su vida por defender su territorio si buscan abrogar la Ley 180 de Intangibilidad.

Los actores demandantes

Los indígenas y campesinos participaron en el 37,5 por ciento los conflictos, es decir cada sector en tres conflictos, dos en forma separada y uno en conjunto. Los activistas, los mineros asociados, los cocaleros y un diputado actuaron como demandantes en los otros conflictos.

Los actores demandados

El Gobierno nacional ha sido demandado en cuatro de los ocho conflictos, es decir, en el 50 por ciento de las controversias. En el resto de los conflictos fueron demandados la Asamblea Legislativa Plurinacional, ciudadanos brasileños y peruanos, comunarios y loteadores de tierras, cooperativistas mineros y el presidente de la CAO.

El escalamiento de los conflictos

Tres de los ocho conflictos en este trimestre se mantuvieron en estado latente, dos en estado manifiesto, dos en estado de confrontación y uno elevó su radicalidad hasta el enfrentamiento violento entre actores de la sociedad civil.

La violencia en los conflictos

El conflicto más violento en los tres primeros meses de 2017 fue sin duda el enfrentamiento entre comunarios por tierra y agua en el Parque Nacional Tunari (PNT). Los actores aseguran contar con el derecho propietario sobre estas superficies. Fueron dos enfrentamientos a finales de enero. El primero entre el Sindicato Agrario Taquiña y comunarios de la zona de Link’upata por la posesión de tres lagunas, que causó la muerte de un joven de 17 años. El segundo fue el 1 de febrero entre presuntos loteadores y socios del Sindicato Agrario Pacata Alta-Wara Wara que dejó 15 heridos.

Según la información periodística, estos eventos se registran a pocos meses de que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) aprobó el Plan de Manejo del Parque, que regularizará y entregará títulos de derecho propietario a asentamientos antiguos.

El director del PNT, Carlos Espinoza, explicó que el conflicto data del 2010 cuando aparecieron tres grupos con derecho propietario sobre esas tierras. Según esa autoridad ese territorio permanece aún en proceso de saneamiento.

La distribución departamental

Los departamentos de Beni, Cochabamba y La Paz fueron escenarios de dos conflictos cada uno. Santa Cruz y Pando solo soportaron un conflicto de relevancia cada uno.

Pedidos indígenas y campesinos

Los indígenas y campesinos se movilizaron en estos tres primeros meses del año en defensa de sus territorios. Los proyectos de las megarepresas de El Bala y Chepete, además de la intención del Gobierno de construir de todas maneras una carretera a través del TIPNIS, motivaron las acciones de los indígenas que buscan el respeto a sus territorios que son sus fuentes de vida. En Cochabamba grupos de campesinos reclaman tierras en el Parque Tunari.

Concesiones mineras

Los mineros asociados (estatales) se enfrentaron contra los cooperativistas, pidiendo la reversión de la concesión de la mina Asientos en Cochabamba. Gracias a esto se conoció que 35 cooperativas mineras tienen problemas de límites en sus concesiones por la presencia de otros concesionarios u otros problemas.

Tierras cultivables

En las comunidades aledañas al nevado Illimani en La Paz los campesinos quieren preservar sus áreas de cultivo ante la amenaza de la explotación minera. En 2016 se denunció que empresas chinas estarían operando en esa montaña.

Saneamiento de tierras

El director del Parque Nacional Tunari, Carlos Espinoza, informó que allí aún se realiza el proceso de saneamiento. Pero el director del Sernap, Félix González, señaló que el derecho agrario de estas tierras y su utilidad deben estar certificadas por esta institución.

Casos que pueden convertirse en conflictos

Un potencial nido de conflictos es la situación de controversias entre límites de concesiones mineras en Cochabamba. 35 de estas concesiones pueden generar conflictos sociales.

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