A Diez años de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

quechuas

“…la Declaración no sólo es una muy esperada acta de resarcimiento para los pueblos indígenas, sino que también debe ser considerada como un mapa de acción para las políticas en derechos humanos que deben ser adoptadas por los gobiernos, la sociedad civil y los propios pueblos indígenas…”[1]

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas es uno de los hitos más importantes de la lucha indígena y, a la vez, del desarrollo del derecho internacional contemporáneo. Gestada el, bajo la consigna de ampliar los horizontes del Informe “Martínez Cobo”[2] , la Declaración es producto de más de 20 años de debate y trabajo sostenido de representantes estatales e indígenas con un objetivo en la mira: la apuesta por la libre determinación de los pueblos indígenas.

La libre determinación es uno de los ejes principales y más polémicos de la discusión sobre los pueblos indígenas de las últimas décadas. La fuerte resistencia de los Estados a reconocer efectivamente la autodeterminación indígena ralentiza el debate y reconocimiento derechos como el derecho a la consulta previa. No es casualidad que el Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes 169-OIT de 1989  obviara toda discusión sobre la autodeterminación. Por ello, aun cuando es un instrumento fundamental para el reconocimiento y protección de los derechos indígenas, el alcance limitado del término “pueblos” en el Convenio no significó propiamente un reconocimiento del derecho a la libre determinación o  la subjetividad internacional de los mismos[3].  No es sino hasta la adopción de la Declaración de Naciones Unidas de 2007 que se reconoce expresamente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y con él su derecho a la autonomía, decisión sobre vías de desarrollo y participación política adquieren nuevas dimensiones[4]. Ya no se trata de una mera capacidad de autogobierno, sino de replantear la relación entre los Estados y los pueblos indígenas en atención a la capacidad de estos últimos a determinar su forma de vida y adoptar modelos de desarrollo en condiciones de igualdad con todas las culturas[5].

Este nuevo paradigma importa una nueva forma de orientar el derecho a la consulta previa. Mientras que el derecho a la consulta previa del Convenio  169 de la OIT se construye como una garantía de protección de los derechos indígenas, para la Declaración el rol del Estado no se limita a garantizar condiciones mínimas de vida para la población indígena[6]  sino que tiene la obligación de desarrollar mecanismos adecuados que permitan la participación de la población indígena en este proceso de desarrollo. Este proceso involucra, como es evidente, reenfocar la dignidad de los pueblos y el derecho a la vida, integridad, identidad y propiedad en  estrecha relación  con los derechos económicos, sociales y culturales (como el derecho a la salud, la vivienda, alimentación, entre otros)[7]. En resumen, bajo el paradigma de la libre determinación, el derecho a la consulta previa se afirma como mecanismo de participación de los pueblos indígenas en la elaboración y toma de decisiones de toda acción que impacte de forma positiva o negativa en el desarrollo de los pueblos indígenas, reconocidos indisputablemente como sujetos de Derecho Internacional.

Ahora bien, para medir los avances en la aplicación de la Declaración es necesario tener en cuenta un punto fundamental: la naturaleza jurídica de la Declaración. Pese a la gran aceptación de la medida en el fuero de Naciones Unidas, se trata de un instrumento jurídico no vinculante cuyas clausulas aspiracionales impactan con los procesos internos de los Estados parte. No es de sorprender que en el último período de sesiones el Foro Permanente para las cuestiones indígenas pusiera en evidencia que, a diez años de la Declaración, la tierra y territorio de los pueblos indígenas continúa amenazada y el compromiso de consulta previa sigue siendo incumplido[8].

Perú sigue esta tendencia. En el informe presentado al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2014[9], el Estado peruano remarcó los avances institucionales del Viceministerio de Interculturalidad, la labor de los grupos de trabajo de políticas públicas[10] y la adopción de medidas normativas[11] y jurisprudenciales para adecuarse a los objetivos de la Declaración[12]. Sin embargo, como expone el informe presentado por Cultural Survival a Naciones Unidas,  Perú continúa violando el compromiso de celebrar procesos de consulta previa (art. 32 de la DNUDPI), de conservación y protección del medio ambiente, tierras, territorios y recursos (art. 29 de la DNUDPI), de adoptar medidas para reconocer y proteger los derechos de los pueblos sobre su patrimonio (art. 31 de la DNUDPI) y continúa persiguiendo y criminalizando a individuos indígenas y defensores de derechos humanos[13].

Está claro que queda un largo camino por recorrer en materia de derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, es importante revalorar la Declaración de Naciones Unidas del 2007 por lo que es: un hito histórico de una tendencia de evolución jurídica. En un mundo “post colonial” en el que los Estados siguen siendo los que establecen las reglas de juego, la  Declaración es fruto de décadas de diálogo y debate con los pueblos indígenas. Frente a un sistema extractivista, la Declaración reconoce los derechos de los pueblos sobre la  tierra, territorio y recursos que tradicionalmente han sido suyos. Contra el neoliberalismo, la Declaración apuntala el consentimiento libre, previo e informado en el marco del proyecto del intercultural democrático.

Afianzar y fortalecer esta tendencia es nuestra labor como defensores de derechos de los pueblos indígenas.

 

*Escribe Lucía Santos, abogada del Centro Peruano de Estudios Sociales. 

 

 

[1]     STAVENHAGEN, Rodolfo

  1. Los derechos de los pueblos indígenas: desafíos y problemas. En Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Institución organizadora). XXVI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. Curso llevado a cabo en San José de Costa Rica, del 18 al 29 de agosto de 2008.

[2]     El nombre proviene del  Sr. José R. Martínez Cobo, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de minorías de  la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

[3]     Es así que el artículo 1.3 del Convenio determina que “la utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”

[4]     De acuerdo a los artículos 3,4 y 5 de la Declaración de Naciones Unidas, “3) Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. 4) Los Pueblos Indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. 5) Los Pueblos Indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.” En:

ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS

2007            Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Resolución 61/295. 13 de Septiembre de 2007.

[5]     YRIGOYEN, Raquel.

2011         “El Derecho a la libre determinación del desarrollo, la participación, la consulta y consentimiento”. En: Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio. Primera Edición. Barcelona: Icaria 2. P. 106-116.

[6]   De acuerdo al Convenio 169 Sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la OIT, “ 2) Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 7) Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”.

[7]   De acuerdo al artículo 8 de la Declaración de Naciones Unidas sobre  los Derechos de los Pueblos Indígenas, “los Pueblos  Indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”.

[8]   FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS

2017           Informe sobre el 16° período de sesiones. Nueva York, 5 de Mayo de 2017.

[9]   ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

2014         Reporte del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ginebra: 2014.

[10]  En referencia a los progresos obtenidos en materia de educación intercultural bilingüe y salud intercultural.

[11]   En referencia al marco jurídico de los procesos de consulta previa, saneamiento y titulación de  tierras.

[12]   ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

2014          Reporte del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ginebra: 2014.

[13] Para mayor información, revisar:

CULTURAL SURVIVAL

2017          Observations on the State of Indigenous Human Rights in Peru Prepared for the 28th Session of the United Nations Human Rights Council Universal Periodic Review (Informe). Masachusets:2017.

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